La Asociación nace en Abril de 1997 como consecuencia del secuestro de una niña zaragozana y la búsqueda de una niña de Ibiza. En los primeros momentos las madres de ambas niñas entran en contacto con otras madres que se encuentran en su misma situación y deciden fundar la "Asociación Para la Recuperación de niños Sacados de su País". Se dan cuenta de que existen vacíos legales que hay que cubrir, que como madres independientes no logran ser escuchadas en ninguna parte y que como Asociación podrán reunir a todas las personas (padres y madres) que estén en la misma situación y entre todos hacer frente a esas carencias legales que encuentran.

La Asociación parte desde cero. Empiezan reuniéndose en una pequeña oficina prestada. No son más de cinco o seis voluntarias, personas que no se encuentran afectadas por el secuestro, pero que se sienten solidarias con el problema y quieren ayudar. En el resto de España, cada vez se producen más casos y algunas personas se asocian porque han padecido o padecen el problema y quieren prestar su ayuda. 

El Gabinete madrileño de abogados "Alonso y Chamorro" se ofrece para suministrar apoyo jurídico. Dan un primer asesoramiento gratuíto a toda persona que acude con su caso desde la Asociación.

Se empieza a recuperar algunos niños, 21 hasta el momento -no tantos como desearíamos-, gracias a las nuevas gestiones que se emprenden.
 
El objetivo de la Asociación no es solamente recuperar niños sustraídos, sino evitar la sustracción en caso de amenaza.

En la actualidad, la Asociación se financia a través de las cuotas de socios y voluntarios. 

El Defensor del Pueblo -tras la solicitud por parte de nuestros abogados-, pone en contacto a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Asuntos Sociales con el fin de unificar criterios. Éstas son las Instancias involucradas en los casos de sustracción internacional. 

"La Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País" ha analizado desde su fundación 111 casos interparentales que comprenden diferentes fases. Una de ellas es la de amenaza, siendo la más delicada ya que se ha comprobado, que en la mayoría de los casos termina cumpliéndose.

Desde nuestra experiencia y con el único fin de contribuir a reforzar la protección de los menores en un fenómeno de violencia familiar, queremos hacer conscientes a las instancias públicas, privadas, judiciales e institucionales, que la prevención del secuestro interparental es imprescindible. El Menor no debe ser la Víctima de la situación de los padres amenazados ni del vacío legal de un sistema que no prevee este tipo de situaciones.

De este llamamiento se ha hecho eco la clase política, quien a instancia de la propuesta jurídica de nuestra Asociación, ha replanteado el grado de responsabilidad de toda la Sociedad en una problemática donde el Menor es la víctima indiscutible. Así, en Junio del 2000, en el Orden del Día del Pleno del Congreso de los Diputados, consta la consideración de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Popular del Congreso, de MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y EL CÓDIGO CIVIL PARA COMBATIR LA SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN ILÍCITA DE MENORES QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

Por ello la adopción de medidas cautelares preventivas, recogidas como recomendaciones en el informe de El Defensor del Pueblo de 1999, y que fue facilitado por la Asesoría Jurídica de esta Asociación, han sido consideradas para su inclusión en las modificaciones de Ley propuestas, tales como el cierre de fronteras, las visitas vigiladas y en lugar acotado o impedir la pernoctación del niño con el progenitor susceptible de actuar como secuestrador. Todas ellas han demostrado ser muy eficaces para prevenir el secuestro interparental, que una vez consumado resulta extremadamente difícil la recuperación del Menor.